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Gabriela Bravo
Consellera de Justicia
Lo que acordamos en la reunión que mantu-
vimos con todos los decanos de Colegios de
Abogados de la Comunidad, es que a lo largo
de este año procederemos a la revisión del
decreto para incorporar aquellas actuaciones
judiciales que ahora no tienen encaje y no es-
tán contempladas. Esas actuaciones serán re-
visadas para incorporarlas también al baremo
y se llevará a cabo a través de la revisión del
decreto.
El baremo queremos potenciarlo e incremen-
tarlo a lo largo de toda la Legislatura. Este ha
sido el punto de inicio pero queremos comple-
tarlo a lo largo de los 4 años y situar la justicia
gratuita en el ámbito retributivo en la media
de otras CCAA, de las que en estos momentos
“Trabajamos en
propuestas para mejorar
los mecanismos de
fiscalización y control
del dinero publico.
Ha habido mucha
relajación”
estamos alejados porque durante estos años
anteriores no ha habido compromiso con los
profesionales de la abogacía.
Hablando de proteger a los más vulnera-
bles… El ICAV asume los costes del Servicio
de Orientación Jurídica Penitenciario desde
que Conselleria dejó de ofrecerlo. Un ser-
vicio que nos cuesta alrededor de 40.000€
anuales
Este es un tema que me planteó el Decano
del Colegio de Abogados de Valencia y que
a mi me parece muy interesante. Creo que
donde haya un colectivo que esté dispues-
to a proteger los derechos y las libertades
de los ciudadanos, las instituciones tene-
mos que estar presentes y por tanto me he
comprometido a convocar una reunión para
abordar esta cuestión y por supuesto en la
medida que podamos, contribuir y colaborar
con este proyecto.
Un tema que esta dando que hablar… la di-
gitalización de la Justicia ¿En qué situación
nos encontramos?
Nosotros pusimos de manifiesto a todos los
representantes de los distintos Colegios pro-
fesionales con quienes nos reunimos la si-
tuación obsoleta del parque tecnológico que
actualmente está en marcha en esta comuni-
dad, que es la herencia recibida.