COMUNICAV 08 Ante la fuerte carga procesal que sufren muchas jurisdicciones en nuestra comunidad, ¿qué criterios usará usted para decidir dónde priorizar refuerzos (plazas, medios, sedes) dentro del TSJCV? Los criterios son claros y objetivos. En primer lugar, la tasa de pendencia que exista en cada órgano o plaza judicial. Esa tasa es el principal indicador que utiliza el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial cuando informa nuestras propuestas de refuerzo. En segundo término, consideramos la carga de trabajo, que se fija en función del porcentaje de asuntos ingresados respecto al módulo de entrada establecido para cada órgano. A ello se suma la tasa de congestión, que relaciona ambos parámetros con otros indicadores de rendimiento. Sabemos perfectamente qué jurisdicciones están más necesitadas: la civil y la social, especialmente los juzgados de primera instancia y los de lo social de las ciudades de Alicante y Valencia. En algunos casos se están señalando asuntos a casi tres años vista para un acto de conciliación, lo que resulta insostenible. Estos datos objetivos son los que nos permiten priorizar los refuerzos y actuar allí donde la sobrecarga es más grave. Tras las dificultades que se vivieron durante la última DANA, el TSJCV ha aprobado un nuevo protocolo de actuación ante emergencias. ¿Qué mejoras cree que aportará para garantizar una respuesta judicial más coordinada y segura para ciudadanía y profesionales? Creo que la respuesta que dimos desde la Sala de Gobierno a la DANA fue ágil, flexible y comprometida, aunque también nos dimos cuenta de que había cosas que mejorar. A partir de esa experiencia, vimos necesario integrar a más actores en la toma de decisiones urgentes, especialmente a los colegios profesionales, singularmente el de abogados, el de procuradores y el de graduados sociales. También debemos hacer un uso inteligente de la tecnología para garantizar respuestas ágiles y coordinadas, y mejorar la comunicación de las decisiones para evitar tensiones o malentendidos. De ahí surgió el nuevo protocolo ante emergencias, que ya ha sido aprobado por la Sala de Gobierno. Regula desde el cierre de edificios y la suspensión de plazos hasta la reorganización de servicios de guardia y la comunicación directa con el Consejo General del Poder Judicial, la Conselleria y los colegios profesionales. Una de las disposiciones más relevantes permite modular la obligación de acudir a actos judiciales cuando concurran circunstancias que lo MANUEL BAEZA Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana
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