ZOOM COMUNICAV 09 impidan. En casos de alerta roja, se presume la imposibilidad material de acudir, bastando una comunicación al órgano judicial o incluso la mera incomparecencia, que provoca la suspensión del acto. Con este protocolo, conciliamos dos derechos fundamentales: la seguridad de las personas y la tutela judicial efectiva. Quien pueda y quiera comparecer puede hacerlo; quien no, queda plenamente justificado. Es un protocolo vivo y sujeto a mejora continua, y quiero destacar la colaboración constante del Colegio de Abogados de Valencia, con el que mantenemos un diálogo permanente para perfeccionar su aplicación. Usted ha reivindicado la independencia judicial frente a presiones externas, ¿qué mecanismos puede impulsar su presidencia para fortalecer esa independencia en la práctica? La independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía para que cualquier ciudadano vea su causa juzgada con imparcialidad, sin presiones ni interferencias. Conviene recordar, con el debido respeto institucional, que los otros poderes del Estado tienen también la obligación de preservar esa independencia, evitando críticas desmedidas o descontextualizadas que puedan erosionar la confianza de los ciudadanos en la justicia. La crítica constructiva siempre es bienvenida, pero lo que no debemos aceptar es la deslegitimación injusta de la función jurisdiccional. Desde la Presidencia del TSJ lo primero que hacemos es defender públicamente la independencia judicial y hacer saber a las juezas y jueces de nuestro territorio que están plenamente respaldados ante cualquier intento de presión o interferencia. Además, los órganos de gobierno judicial —como la Sala de Gobierno del TSJ— tenemos la responsabilidad de facilitar los medios necesarios para que quienes llevan casos mediáticos o complejos puedan desarrollar su labor con la máxima serenidad. Creo que ya lo hemos demostrado en algunos casos recientes y seguiremos atentos para actuar ante cualquier circunstancia que pueda comprometer esa independencia. Pensando en los retos del sistema judicial —digitalización, carga procesal, nuevas tecnologías, métodos alternativos de resolución de conflictos—, ¿qué prioridad dará su presidencia a la innovación y modernización del TSJCV durante su mandato? Esta pregunta nos lleva directamente al nuevo sistema de gestión procesal Just@CV, cuya importancia aumenta con la implantación de los tribunales de instancia, porque será el vehículo con el que funcionen. Debo reconocer, y creo que todos coincidimos, que se trata de una herramienta necesaria y de gran potencial, aunque todavía requiere mejoras. Quiero agradecer a la consellera de Justicia los esfuerzos realizados y animarla a perseverar en esa tarea. Para avanzar en ese camino hemos creado comisiones mixtas entre la Sala de Gobierno y la Conselleria de Justicia, con el fin de detectar problemas y buscar soluciones conjuntas. Este trabajo en equipo es la mejor garantía de que Just@CV cumpla su función: facilitar, y no entorpecer, la labor diaria de jueces, fiscales, letrados y funcionarios. Aun así, necesitamos un esfuerzo adicional por parte de la Conselleria de Justicia, especialmente en determinadas jurisdicciones, como la contencioso-administrativa y, sobre todo, la penal, donde la implantación ha sido más tardía y todavía dista de estar normalizada. Reconozco el esfuerzo realizado, pero la jurisdicción penal requiere un impulso adicional para alcanzar la plena eficacia del sistema. “El nuevo protocolo ante emergencias está sujeto a mejora continua, y quiero destacar la colaboración constante del Colegio de Abogados de Valencia”.
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