ZOOM COMUNICAV 09 El turno de oficio sigue siendo uno de los pilares del sistema. ¿Cuáles son hoy las principales reivindicaciones? El turno de oficio siempre hay que abordar‑ lo porque es uno de los pilares del Estado de Derecho y un servicio público esencial. Es cier‑ to que en los últimos años los pagos se están realizando de forma puntual y eso hay que re‑ conocerlo. Además, en comparación con otras autonomías los baremos de la Comunitat Va‑ lenciana están entre los más altos. También se ha introducido el cobro de los me‑ dios alternativos de solución de controversias, algo que en otras comunidades todavía no ocurre. Pero eso no significa que el problema esté re‑ suelto. Los baremos siguen sin ajustarse a los precios medios de mercado y el trabajo que realizan los letrados es enorme. La formación que tienen los profesionales del turno de ofi‑ cio en la Comunitat Valenciana es muy buena, tanto en asistencia al detenido como en otras materias, y el Consejo debe seguir velando por la actualización de esos baremos. Además, existen especialidades muy exigen‑ tes, como la extranjería, donde consideramos que la abogacía es la única verdaderamente preparada para defender los derechos de las personas migrantes, que son uno de los colec‑ tivos más vulnerables. Por eso el Consejo Valenciano seguirá reivin‑ dicando mejoras en la retribución del turno de oficio. El trabajo es ingente y es necesario que se acerque cada vez más a los precios medios de mercado. Tras episodios como la DANA o situaciones de alerta roja, la abogacía ha pedido medidas para garantizar la seguridad de profesionales y ciudadanos. ¿Qué valoración hace? Tenemos que partir de una realidad: vivimos en el Levante, una zona donde las danas o lluvias torrenciales son fenómenos recurrentes. En la Vega Baja del Segura, de donde yo procedo, sa‑ bemos bien lo que significa una gota fría o una riada. Existe un protocolo de emergencias aprobado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para la suspensión de plazos y el cierre de edificios en situaciones extraordinarias. Ese protocolo siempre se puede mejorar, pero recientemente se introdujeron medidas importantes. Durante las alertas rojas que se produjeron en otoño de 2025 se planteó la necesidad de ga‑ rantizar la seguridad inmediata de letrados, procuradores y ciudadanía. La Sala de Gobierno mostró sensibilidad ante esta situación y per‑ mitió que, en casos de alerta roja, se presumie‑ ra la imposibilidad material de acudir a vistas y actos procesales presenciales, bastando la comunicación al tribunal o la mera incompare‑ cencia para proceder a suspenderlos. Esto significa que, cuando existe una alerta roja, puede entenderse justificada la imposi‑ bilidad de acudir a un acto procesal, tanto si afecta al lugar donde se celebra como si afec‑ ta al desplazamiento necesario para llegar hasta allí. Es una medida importante porque aporta se‑ guridad jurídica y tranquilidad a los profesio‑ nales y a los ciudadanos. Además, fue una reivindicación conjunta de procuradores, gra‑ duados sociales y abogados. Creemos que este criterio debe mantenerse porque responde a una necesidad real. El turno de oficio siempre hay que abordarlo porque es uno de los pilares del Estado de Derecho y un servicio público esencial”.
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