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El despacho profesional, íntimo y personal

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17 agosto 2017

Para poder discernir cuales son aquellas manifestaciones de la vida privada que son protegibles frente a intromisiones ilegítimas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido lo siguiente: "el de las expectativas razonables de la propia persona, o cualquier otra en su lugar en esa circunstancia, pueda tener de encontrarse al resguardo de la observación o del escrutinio ajeno" (SSTEDH 25/09/2001, P.G y J.H c. Reino Unido y 28/01/2003, Peck c. Reino Unido).

Sobre la base de dicha jurisprudencia y de la desarrollada por el Tribunal Constitucional, se ha establecido como protegido por el art. 18.1 de la CE no solo el "círculo íntimo" en el que el individuo puede conducir su vida personal a su manera y excluir plenamente el mundo exterior no incluido en este “círculo", sino también otros ámbitos en los que se " tenga la expectativa razonable de no ser escuchado u observado por terceras personas" (STC 30/01/2012). En concreto pertenece al ámbito de la intimidad el despacho, lugar este donde se realizan las consultas profesionales.

Así se ha considerado también por el Tribunal Supremo, que señala que "el despacho profesional es una dependencia atribuida a una determinada persona, de la que depende el consentimiento para facilitar el acceso visual o personal de terceros al mismo", o lo que es lo mismo, el titular de un despacho tiene la expectativa de que en lo que en el mismo acontece pertenece a esa su intimidad (STS 01/04/2014). Ello no impide a que con la correspondiente resolución judicial motivada y con la necesaria ponderación, pues se trata de la protección de un derecho fundamental,  se puedan llevar a cabo injerencias en ese derecho.

La injerencia en el derecho a la intimidad ha supuesto, entre otras razones, la absolución de los acusados en el denominado " caso Guateque"' sentencia dictada por la AP de Madrid el pasado 19 de junio. En dicha resolución se rechaza la grabación que de forma subrepticia y sin ni siquiera existir un proceso penal se llevó a cabo por particular, a instancias de la Guardia Civil,  en el despacho profesional de un técnico de proyectos.

Es razonable la consecuencia, esto es la imposibilidad de valorar esa prueba, así como de aquellas que tengan su origen en la misma, pero sobretodo es de interés la advertencia o como se califica  en la sentencia la  prevención. Si, la Audiencia advierte, y avisa de nuevo, pues ya el TS en la sentencia de 23/02/2017 consideró esta consecuencia, la imposibilidad de valorar esa prueba y ello como imposición de un limite a los excesos del Estado en la investigación del delito, "apartar a los agentes de la autoridad de valerse de medios de prueba que, por su alto grado de injerencia en el círculo de los derechos fundamentales, están sometidos a unas garantías constitucionales concebidas para la salvaguarda de aquellos".

La sentencia dictada por la AP, por lo que se ha anunciado en los medios de comunicación, va a ser recurrida por el Ministerio Fiscal quien, insistimos según la prensa, considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. No sé si ello supone que lo que acontece en algunos despachos profesionales no está protegido por ese derecho fundamental a la intimidad, no sé si afectará a los despachos de los fiscales pero...... bueno es saberlo. Ahora bien, lo que ocurre en mi despacho y en el despacho de todos los abogados si es íntimo y personal, yo diría muy íntimo y personal y envuelto en ese halo del secreto, que es deber y derecho y por ende excluido del mundo exterior.  Desde luego, esa debe ser la expectativa que los abogados debemos tener, amén de que coincide con lo dicho hasta ahora por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y por el propio Tribunal Supremo.

 

Ángela Coquillat

Diputada 5 del ICAV