CARMEN LLOMBART Vocal del Consejo General del Poder Judicial Por otra parte, soy miembro del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género desde el año 2013. En este sentido y, relacionado con mi papel como coordinadora de los presidentes de las audiencias provinciales, puse en marcha la constitución de las comisiones provinciales de coordinación en violencia sobre la mujer en cada provincia. Unas comisiones que están funcionando perfectamente, son como un pequeño observatorio en cada provincia. Estoy muy satisfecha porque están teniendo gran éxito, tanto es así que, en 2022, fueron reconocidas con los XVII Premios del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género. En definitiva, entrar en la permanente para mí supone poder alcanzar una perspectiva global del órgano de gobierno de los jueces. Estoy muy agradecida porque esto es lo que me gusta hacer. Creo que, modestamente, hago una buena labor porque lo doy todo. Sé que me podré equivocar, pero mi trabajo se rige siempre pensando en qué es lo mejor para la justicia, para los compañeros y para los ciudadanos. La renovación de la máxima institución de los jueces tendría que haberse producido en diciembre de 2018, ¿cómo ve la situación? Lo primero que me gustaría recalcar es que, aunque el Consejo siga en funciones, esto no quiere decir que nuestro trabajo se haya paralizado. Seguimos y seguiremos trabajando como si del primer día se tratara hasta que cesemos, con las limitaciones en cuanto a competencias operadas por la Ley Orgánica (570 Bis), entre las que se encuentran la prohibición de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de TSJ, presidentes de Sala y presidentes de Audiencias Provinciales. Es difícil definir la situación. Por mi parte tengo que decir que ya he vaciado dos veces mi despacho de Madrid porque pensaba que había acuerdo, pero, vuelvo a recalcar, seguimos trabajando con la misma dedicación que al principio. Lo que debemos tener todos claro es que el CGPJ es un órgano totalmente autónomo e independiente de las demás instituciones del Estado. Si en algún momento las competencias del máximo órgano de gobierno de los jueces se trasladasen al Gobierno o al Ministerio de Justicia, quedaría totalmente en duda la independencia del Poder Judicial, habría una sospecha tremenda de injerencia política. Recordemos que el CGPJ como institución es la base de la división de poderes del estado de derecho y de la democracia. La solución sin duda pasa por un gran pacto por la justicia, similar al Pacto de Estado contra la Violencia de Género del 2017. No solo se trata de la renovación del Consejo, la Planta Judicial debe acomodarse al aumento de litigiosidad. La justicia ha de ser eficaz, rápida, de calidad y con respeto al principio de seguridad jurídica y en eso coincidimos absolutamente con la reivindicación por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Como miembro del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, ¿cómo percibe el aumento de las denuncias por violencia de género, respecto del pasado año, según datos de los juzgados de la Comunidad Valenciana? Se trata de un dato que valoramos positivamente ya que indica que las mujeres confían en las instituciones porque el sistema de protección funciona. Saben que denunciando “Es violencia sobre la mujer. Lo que se castiga es el concepto de dominación, machismo y superioridad”.
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