COMUNICAV 13 Esta deficiente técnica legislativa y la amplitud del margen interpretativo, sin la mirada vigilante de un abogado, multiplica las decisiones arbitrarias, por lo que su intervención en este proceso se hace más necesaria que nunca. La labor incuestionable del abogado en el ámbito de la extranjería, ha sido imprescindible en el avance de derechos de las personas migrantes en todos los ámbitos. La abogacía española, y la valenciana como referente nacional, cuenta con profesionales entregados, con una preparación y sensibilización jurídica admirables, con vocación de ayuda y salvaguarda de derechos, frente a los constantes abusos y arbitrariedades de la Administración, proporcionando un escudo legal, que garantiza que el solicitante sea tratado como un sujeto de derechos, gracias a una profesionalidad fuera de toda duda. Sin embargo y lamentablemente, la abogacía ha sufrido fuertes críticas incluso por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien desde el lanzamiento de la campaña informativa de la regularización, ha insistido en su publicidad institucional en que el proceso es «sencillo, directo y accesible», desaconsejando implícitamente o calificando de «innecesaria» la contratación de intermediarios o abogados, lo que se ha visto en folletos, guías digitales y videos explicativos difundidos por los canales oficiales del Gobierno. En lugar de valorar el asesoramiento legal profesional, la publicidad institucional ha redirigido en masa a los ciudadanos hacia los Servicios Sociales y entidades del Tercer Sector acreditadas, con un mensaje publicitario implícito que ha sido: «No pagues a un abogado; acude a una ONG o a tu ayuntamiento, que ellos te tramitarán el informe de vulnerabilidad y la solicitud gratis». En este contexto, se hace necesario recordar, que los abogados no rellenamos impresos, hacemos una valoración integral, asesoramos, velamos y acompañamos al cliente en todo su proceso hasta el final con garantía en derechos, siendo una realidad que la información facilitada en muchos de los «puntos recomendables», ha sido deficitaria y errónea. Esto provocó la respuesta institucional del Consejo General de la Abogacía Española y de muchos Colegios de Abogados. ANGELINA FERRÁNDIZ ROLDÁN PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE EXTRANJERÍA Y DERECHOS HUMANOS DEL ICAV También algunos medios de comunicación, en críticas a la abogacía a las que trágicamente estamos acostumbrados, pero que no nos resignamos a admitir, han afirmado que los abogados somos « despachos oportunistas» que se lucran con la regularización, cobrando minutas excesivas a personas muy vulnerables abusando de su precaria situación. Obviando que naturalmente los abogados cobran por su trabajo, como todo profesional en cualquier sector, y qué es caro o barato, y qué cada ciudadano es libre para decidir cómo quiere gestionar su proceso, es lamentable que se cuestione la labor de los abogados. Sería deseable que la Administración se alegrara de tener profesionales formados que defienden los derechos de los más vulnerables, cuando esta defensa es más necesaria que nunca, pero en contra diríase, que la Administración busca migrantes sumisos, que desconozcan sus derechos, y que no protesten ante la actuación administrativa, que en muchos casos es abusiva y arbitraria, lo que provoca el verdadero maltrato a la población migrante a la que protegemos, y en ello seguiremos, de eso no cabe duda, y nuestra labor y éxitos que son los suyos, como podría decirse en el fin de una novela, será lo que hable de nosotros.
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