Gonzalo Giner COMUNICAV 38 ENRIQUE VILA «Cuando yo empecé a buscar, ni siquiera teníamos derecho de hacerlo», resume. Hoy existen servicios de mediación en la búsqueda de orígenes biológicos en la Generalitat, en consellerías y en servicios sociales. Para él, la evolución ha sido enorme. Y, sin embargo, su propio caso sigue sin resolverse. Tiene 61 años y lleva 38 buscando. La paradoja no se le escapa: ha conseguido más de 400 reencuentros de personas adoptadas con sus familiares y, por lo tanto, con la verdad, pero la suya continúa abierta. Antes de ese cambio, señala, el Estado intervenía tarde y de forma limitada. Ese vacío permitió que se articularan redes de intermediarios, hospitales privados o instituciones en las que, bajo la apariencia de una adopción, podían cruzarse el deseo de tener un hijo, el dinero y la vulnerabilidad de muchas madres. Y sobre todo, infancias sin que nadie velara por sus derechos. Cuando habla del perfil de quienes recibían a esos niños, evita las simplificaciones. No respondían necesariamente a un patrón ideológico único. Había, sobre todo, familias con cierta capacidad económica. Vila ha visto pagos muy distintos, desde 50.000 o 100.000 pesetas hasta varios millones. Una horquilla amplia que revela también la diversidad de situaciones. EL OFICIO Y LA CAUSA El Derecho se convirtió primero en herramienta y después en territorio propio. Enrique Vila no se había licenciado pensando en dedicar su carrera a la filiación o a la búsqueda de orígenes. Como muchos abogados al empezar, quería abrirse camino, conseguir clientes, ganarse la vida. Pero una cosa llevó a la otra. La búsqueda personal le permitió comprender el lenguaje de los expedientes, los silencios de los archivos, los límites de la normativa y las grietas por las que podía entrar una pregunta. Y ser la voz de aquellos abandonados al ocultamiento y al silencio. Hoy afirma que alrededor del 80 % de los asuntos de su despacho están vinculados con filiaciones, búsqueda de orígenes y cuestiones relacionadas con menores. También se ha acercado a los problemas del sistema de protección del menor y a las tutelas. Su preocupación es clara: cuando se plantea la retirada de un niño de su familia por una situación de posible desamparo, considera imprescindible que el control judicial llegue desde el primer momento. Y da escalofríos, sí, pero en España uno de cada cinco niños en España y «me parece terrorífico», afirma el autor, sufren abusos dentro de la familia, de todos los niveles. En ese punto, el abogado y la persona vuelven a encontrarse. Vila habla de niños, de su soledad y desamparo, de expedientes, de administración, de jueces y de familias. Y lo que emerge no es solo una posición jurídica, sino una forma de mirar: la infancia como un territorio que exige protección, cuidado y responsabilidad. «Cuando yo empecé a buscar, ni siquiera teníamos derecho de hacerlo». UNA REALIDAD SILENCIADA De aquella búsqueda personal surgió una especialización profesional. Durante la década de los 2000, cada vez más personas acudían a su despacho para pedir ayuda. Algunas se presentaban como adoptadas, pero al estudiar la documentación Vila empezó a detectar algo que no encajaba. No siempre había una adopción. En ocasiones, lo que aparecía en la partida de nacimiento era una filiación biológica falsa: hijos inscritos como si hubieran nacido de una mujer que nunca había dado a luz. Eran personas que no figuraban como adoptadas y que podían pasar toda la vida sin saberlo si nadie se lo contaba. Con los años calculó que entre un 10 % y un 15 % de los casos que llegaban a su despacho podían responder a situaciones de ese tipo. Aquello abrió una dimensión mucho más amplia y dolorosa: el fenómeno de los niños robados y de las adopciones irregulares. Así lo dice Vila y, en nuestro fuero interno, le agradecemos que hable sin eufemismos. Vila lo define como una realidad silenciada. Algo que muchos conocían, o intuían, pero que no había ocupado el lugar público que merecía. La mayoría de los casos, según explica, se concentran en la posguerra, el franquismo y los primeros años de la democracia, aunque algunas prácticas irregulares se prolongaron hasta la década de los noventa. Considera especialmente relevante la reforma de 1987, cuando la adopción pasa a manos de la Administración y los servicios sociales de las comunidades autónomas asumen un papel decisivo.
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