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COMUN
ICAV 26_27
SE ESTÁ HABLANDO
JULIÁN QUIRÓS
Periodista
Director del periódico
Las Provincias
La LECrim establece que las diligencias del su-
mario serán secretas en su fase de instrucción
hasta que se abra juicio oral. Pese a esto, se pro-
ducen “filtraciones”. ¿Son los medios de comu-
nicación responsables?
Si se trata de supuestos fijados para una comuni-
cación oficial difícilmente podemos estar hablan-
do de filtraciones, sino de un mecanismo reglado.
En todo caso, la libertad de información desde el
prisma de los informadores no puede plantearse
desde los supuestos resquicios de cada ley en
concreto. Los medios de comunicación no pueden
ser un operador más del sistema de administra-
ción de justicia. Nuestra lógica es otra porque otra
es nuestra función social: contar todo aquello que
consideramos que es noticia y a lo que hemos
tenido alcance, bajo dos parámetros básicos. El
primero, la veracidad. Y el segundo, el interés pú-
blico de la información.
¿Cree que en ocasiones se pueden estar traspa-
sando líneas rojas?
Yo creo que sí. Ahora, tengamos algo en cuen-
ta, los periodistas no obtienen su información
de asaltar los juzgados por las noches, ni de for-
zar cajas fuertes o hurtar maletines ni acceder a
ordenadores ajenos. Un periodista obtiene una
información cuando alguna de las partes se la
facilita voluntariamente. La ley es muy clara en
esto. La filtración de información es un delito,
su difusión por un medio no. Distinguiendo con
claridad la responsabilidad y las obligaciones de
unos y otros. No puede ser que nos reclamen a los
medios que asumamos como propio el papel que
le corresponde a otro. Dicho esto, a veces desisti-
mos de publicar información o la retrasamos en
función de distintas variables, como el daño gra-
tuito o innecesario, el perjuicio a una operación
policial en marcha, etc.
¿Cuál sería la solución para evitar los denomina-
dos “juicios paralelos”?
Yo creo que para evitar la famosa ‘pena del te-
lediario’ todos podemos ayudar en algo, también
los medios de comunicación, pero quien tiene que
actuar y poner remedio sin duda es la adminis-
tración de justicia, preservando los derechos del
detenido o del investigado. Lo que no puede ser
es que se detenga digamos a un cargo público
en su casa, como ocurrió nada menos que con
un delegado del Gobierno, con aparatosidad, con
un registro de muchísimas horas en la que está
recluida toda la familia del afectado, luego se le
traslade a un calabozo, luego se le lleve ante el
juez, paseándolo por delante de fotógrafos, ve-
cinos, etc., con la consiguiente comunicación ofi-
cial del TSJ, y que finalmente el debate sea si las
televisiones tienen legitimidad para retransmitir
esas imágenes o los periódicos dar esa foto.
¿Cree que los medios de comunicación tienen
una respuesta suficiente a la hora de resarcir al
investigado en casos de daño al honor?
No sé si es inevitable, pero las autoridades judicia-
les deberían extremar el celo en el origen, es decir,
en qué se dice de cada quién, en no causar vícti-
mas innecesarias. Si un grupo policial, un fiscal y
un juez señalan supuestos delitos al presidente
de la Autoridad Portuaria, por ejemplo, el medio
no puede esperarse a que haya una sentencia fir-
me para informar del caso. Porque vulneraría su
papel y la sociedad tampoco se lo permitiría. Ha
de contarlo. Ahora si, como es el caso, una instan-
cia judicial superior lo acaba archivando después,
creo que estamos obligados a publicar con el ma-
yor realce posible esa noticia exculpatoria.
“Para evitar la famosa ‘pena del
telediario’ todos podemos ayudar
en algo, también los medios de
comunicación, pero quien tiene que
actuar y poner remedio sin duda es
la administración de justicia”