Nº 32 segundo cuatrimestre 2026 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DEL ICAV UNA ESCUELA PERMANENTE PARA LA ABOGACÍA CASAL DE LA PAU CINCO DÉCADAS DE COMPROMISO COMIENDO CON ENRIQUE VILA LA IDENTIDAD COMO CAUSA Y COMPROMISO PEÑÍSCOLA DONDE LA COSTA CASTELLONENSE SE RECUESTA SOBRE EL MEDITERRÁNEO JOSÉ MANUEL ORTEGA PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA
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COMUNICAV 03 COMUNICAV Nº 32 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026 [Edita] Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Plaza Tetuán, 16 - 46003 Valencia. Tel. 963 941 880 Fax 963 103 180. Web: www.icav.es / E-mail: icav@icav.es. [Consejo de Redacción] José Soriano Poves, Rebeca Lino Tatnell, Yolanda Sánchez Hernández, Vicente Ibor Asensi, María Clemades Planells, Celia Giner Giménez, Eva Mª Altaver Egea [Coordinación, redacción y fotografía] AREA Comunicación Estratégica. C/ Entrada Conoles, 4 (Valencia) Tel. 650 270 243 / 649 582 571 / Web: www.areacomunicacionestrategica.com / E-mail: area@areacomunicacionestrategica.com [Diseño] Estimado José Alfredo [Fotografía] Agustín Rovatti [Publicidad] Cristina Castellanos [Maquetación e impresión] Elisa Moreno y Atipik Fabrik [Distribución] SDA [Depósito Legal] V-2023-1994. Las opiniones vertidas en los textos publicados en ‘COMUNICAV’ son exclusivamente de sus autores. La opinión oficial del Iltre. Colegio de Abogados de Valencia la expresa la Junta como órgano de gobierno de la institución. Se autoriza la reproducción, indicando su procedencia. LA FORMACIÓN COMO COMPROMISO La formación, definida como la acción o efecto de formarse, constituye una actividad que afecta a todos los estamentos de la sociedad civil y que trasciende al ámbito de la educación reglada. La formación continua, como proceso para evitar la obsolescencia, mejorar competencias y adaptarse a una realidad cambiante, supone no sólo la realización de unas actividades para cubrir el expediente, sino que es la consecuencia de una firme convicción de servicio. Porque si un abogado es un servidor público, el ICAV debe ser un órgano de servicio a los colegiados y profesionales. La oferta formativa del ICAV es el resultado de un análisis previo de necesidades, inquietudes y respuestas a los cambios que surgen en el ámbito normativo. Se trata de un modelo construido sobre dos ejes: participación interna y colaboración externa. En ambos casos, la política formativa se sustenta en tres pilares: escucha activa, orientación práctica y accesibilidad. El Derecho evoluciona y es necesario que las instituciones vinculadas a su ejercicio también se adapten para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía, a la sociedad e incluso a la Justicia. Ese ajuste hace que la oferta formativa del ICAV sea amplia, variada y flexible, para satisfacer a un colectivo diverso y plural, integrado por 11800 colegiados. La formación es preparación y estamos convencidos de que un abogado preparado ofrece más garantías, recursos y más soluciones. No sólo es mejor abogado, también contribuye a mejorar la Justicia, y por tanto, la sociedad. Por eso planteamos una oferta formativa diversificada, que incluye acciones de carácter práctico para contribuir a resolver casos reales, pero también formación teórica especializada con titulación propia para un conocimiento más especializado, y formatos más ágiles como jornadas o seminarios que ofrecen la posibilidad de abordar cuestiones jurídicas que requieren de actualización inmediata. Por otra parte, la colaboración institucional constituye el segundo de los ejes de la oferta formativa del ICAV, en coherencia con nuestra visión de la formación como una actividad que implica a la sociedad civil. De ahí los acuerdos transversales con asociaciones, colectivos e instituciones implicadas en cualquiera de los ámbitos de aplicación de nuestro oficio. Una filosofía que guía la actuación del ICAV: atender todas las circunstancias y necesidades de nuestros miembros. Personalizar la atención para favorecer la igualdad de condiciones de acceso a la formación a través de propuestas online, presenciales o para su seguimiento a través de su emisión en directo. Al fin y al cabo eso es ser justos. Los datos de participación, con cerca de 22.000 colegiados inscritos en casi 200 acciones formativas en más de 2.000 horas lectivas y un grado de satisfacción calificado como Excelente, se interpretan como un reconocimiento a los ejes y valores que la sustentan, además de consolidar que la balanza está equilibrada. Precisamente por esa convicción, COMUNICAV dedica el reportaje principal de este número a la formación. Porque detrás de cada curso o programa de especialización hay un objetivo que trasciende la transmisión de conocimientos: preparar a la Abogacía valenciana para afrontar los desafíos de un entorno jurídico en constante evolución. Invertir en formación es invertir en una mejor profesión y, con ello, en una Justicia más eficaz. Manuel Olaya Diputado 8º de la Junta de gobierno del ICAV
SU MA RIO
COMUNICAV 05 6ZOOM Ocho meses después de asumir la Presidencia de la Audiencia Provincial de Valencia, José Manuel Ortega analiza los retos de una Justicia en plena transformación. La implantación de los Tribunales de Instancia, la digitalización de los procedimientos, la falta de jueces y la sobrecarga de trabajo centran una conversación en la que también reivindica la motivación y la humildad como pilares del ejercicio judicial. 12TRIBUNAS Las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre la segunda oportunidad y las novedades en materia de extranjería son el foco de las dos tribunas de este número. La primera analiza el alcance de los recientes pronunciamientos sobre la exoneración de deudas, mientras que la segunda aborda el papel de la Abogacía ante los nuevos procedimientos de regularización y movilidad internacional. 16ACTUALIDAD ICAV La actualidad del ICAV viene marcada por una intensa agenda institucional, formativa y profesional. Jornadas, encuentros, reconocimientos, acuerdos y actividades que reflejan el papel del Colegio como punto de encuentro de la Abogacía valenciana y como interlocutor en los principales asuntos que afectan al ejercicio de la profesión. 26 REPORTAJE SOLIDARIO Después de más de medio siglo de trabajo, Casal de la Pau sigue demostrando que la verdadera reinserción no empieza cuando alguien sale de prisión, sino cuando encuentra a quien decide caminar a su lado. Desde la acogida, la orientación y el acompañamiento, la entidad sostiene cada año a cientos de personas en situación de exclusión. 30 A FONDO Con cerca de 200 actividades formativas y más de 21.900 inscripciones, el ICAV ha consolidado un modelo de formación orientado a la práctica profesional y la actualización constante. Analizamos cómo el Colegio responde a los cambios normativos, impulsa la especialización y facilita el acceso al conocimiento mediante una oferta cada vez más amplia, flexible e inclusiva. 34 ICAV HISTÓRICO Adela Perelló y Manuel de la Llave comparten sus recuerdos de una profesión profundamente transformada por el paso del tiempo. Una conversación sobre vocación, compañerismo, cambios legislativos y el compromiso con una Abogacía que ha evolucionado junto a la sociedad valenciana. 36 COMIENDO CON Abogado, escritor y persona adoptada, Enrique Vila ha dedicado gran parte de su vida a buscar respuestas sobre su propia historia y a ayudar a otras personas a encontrar las suyas. En esta conversación reflexiona sobre la identidad, el peso de la genética, la fuerza de la literatura y el derecho de toda persona a conocer sus orígenes. 41 APUNTE VIAJERO Sus murallas, sus calles empedradas y su privilegiada ubicación junto al mar han convertido a Peñíscola en escenario de películas y series durante más de un siglo. Recorremos los rincones de una ciudad donde historia, patrimonio y cultura audiovisual conviven frente al Mediterráneo. 45 APUNTES DE OCIO La novela «Han cantado bingo», la miniserie «Leyendas» y una nueva edición de los Conciertos de Viveros protagonizan nuestras propuestas culturales. Tres recomendaciones para disfrutar del tiempo libre entre la literatura, la ficción televisiva y la música en directo.
JOSÉ MANUEL ORTEGA COMUNICAV 06 «La jurisdicción civil valenciana ha pasado de ofrecer respuestas en meses a demorarlas hasta tres años».
ZOOM COMUNICAV 07 Por Eva Altaver. Fotografías de Agustín Rovatti Llegamos a la entrevista con José Manuel Ortega en una Audiencia Provincial literalmente entre mudanzas. Al otro lado de la puerta del despacho, funcionarios, expedientes y equipos de trabajo cambian de ubicación para adaptarse a un nuevo modelo organizativo que está transformando la Justicia desde sus cimientos. El presidente de la Audiencia Provincial de Valencia observa el proceso con la serenidad de quien sabe que los grandes cambios rara vez llegan sin incertidumbre. Ocho meses después de asumir su cargo, analiza los retos de una Justicia sometida a una fuerte presión mientras afronta una de las reformas más ambiciosas de las últimas décadas. § LA IMPLANTACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA, LA NUEVA OFICINA JUDICIAL Y LA DIGITALIZACIÓN MARCAN UNA ETAPA DE TRANSFORMACIÓN SIN PRECEDENTES. § DEFIENDE QUE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL SOLO PUEDE SOSTENERSE SOBRE RESOLUCIONES SÓLIDAMENTE MOTIVADAS Y ALEJADAS DE CUALQUIER ARBITRARIEDAD. § CONSIDERA IMPRESCINDIBLE AUMENTAR EL NÚMERO DE JUECES PARA AFRONTAR LA SOBRECARGA ESTRUCTURAL QUE SOPORTA LA JUSTICIA ESPAÑOLA. JOSÉ MANUEL ORTEGA Presidente de la Audiencia Provincial de Valencia Han pasado ya varios meses desde su llegada a la presidencia de la Audiencia Provincial. ¿Qué le ha confirmado la experiencia de este tiempo y qué aspectos le preocupan más de la situación actual de la Justicia valenciana? He llegado a la presidencia en un momento de cambio. La implantación de la Ley de Eficiencia, el nuevo modelo de Oficina Judicial, una nueva herramienta informática de gestión procesal y la progresiva eliminación del papel han confluido prácticamente al mismo tiempo. A veces digo que las urgencias te impiden atender las prioridades porque lo urgente acaba ocupándolo todo. Llevo muchos años en Valencia y conocía bien la situación de la jurisdicción penal, pero lo primero que me preocupó fue la jurisdicción civil. En los últimos años hemos pasado de una Audiencia que ofrecía respuestas en plazos razonables a encontrarnos con recursos que pueden demorarse dos y hasta tres años. En Derecho penal la situación es diferente. Los recursos urgentes pueden resolverse en cuestión de días o semanas y los menos urgentes suelen moverse en plazos de tres o cuatro meses. La respuesta sigue siendo razonablemente ágil gracias al enorme esfuerzo de los profesionales. De hecho, las secciones penales de Valencia están entre las más sobrecargadas de España, pero también entre las que más asuntos resuelven. Para afrontar el problema en civil impulsamos, junto con los propios magistrados, una medida de apoyo mediante compañeros en comisión de servicio. Creamos dos secciones especializadas dedicadas exclusivamente a este tipo de asuntos y eso nos ha permitido empezar a desatascar la situación. Aun así, han surgido nuevos problemas derivados de la aplicación de los MASC y de la interpretación de determinados requisitos procesales, que están generando nueva litigiosidad. Además, seguimos teniendo una jurisdicción civil de primera instancia muy tensionada. Por eso, mi primera atención se dirigió a este ámbito. «Las urgencias te impiden atender las prioridades porque lo urgente acaba ocupándolo todo».
COMUNICAV 08 JOSÉ MANUEL ORTEGA La sobrecarga de trabajo continúa siendo una realidad en muchos órganos judiciales. Desde la perspectiva de la Audiencia Provincial, ¿cuáles son hoy las carencias más urgentes que deberían abordarse para mejorar el servicio público de Justicia? La principal necesidad es incrementar el número de jueces. Tenemos una de las tasas más bajas de jueces por habitante de Europa y actualmente hay menos de 6.000 jueces y magistrados en España. Además, una parte muy importante de la carrera judicial pertenece a las promociones incorporadas en los años ochenta y noventa, por lo que en los próximos años se producirán numerosas jubilaciones. Existe un proyecto de creación de nuevas plazas judiciales que considero imprescindible. Se habla de varios centenares de plazas anuales durante distintos ejercicios y confío en que pueda materializarse porque existe una necesidad real. Hoy tenemos más plazas judiciales que jueces disponibles para ocuparlas. Eso obliga a recurrir constantemente a jueces sustitutos, magistrados suplentes y comisiones de servicio. En la provincia de Valencia, por ejemplo, todos los jueces sustitutos disponibles están actualmente trabajando. Cuando surge una baja o una necesidad extraordinaria, cada vez resulta más difícil encontrar recursos humanos para cubrirla. «Tenemos una de las tasas más bajas de jueces por habitante de Europa». La implantación de los Tribunales de Instancia y la Ley de Eficiencia Procesal supone uno de los mayores cambios organizativos de las últimas décadas. ¿Qué impacto espera que tenga esta reforma y qué dificultades anticipa en su aplicación? Probablemente, estamos ante el cambio organizativo más importante que he vivido en la Administración de Justicia. En estos momentos estamos viendo sobre todo las dificultades derivadas de la implantación: traslados de dependencias, reorganización de oficinas, adaptación de los funcionarios a nuevas estructuras de trabajo y puesta en marcha de nuevas herramientas tecnológicas.
ZOOM COMUNICAV 09 De hecho, estamos realizando esta entrevista en pleno proceso de traslado. Hay expedientes que cambian de ubicación, equipos de trabajo que se reorganizan y nuevas dinámicas que deben ponerse en funcionamiento sin que se resienta el servicio al ciudadano. También es un momento complejo para abogados y procuradores. La implantación del expediente digital todavía presenta dificultades y muchas herramientas están en fase de desarrollo. Hay que ser conscientes de que estamos en una etapa de transición. Dicho esto, quiero ser optimista. Hay mucha gente competente trabajando para que el modelo funcione y, sobre el papel, ofrece posibilidades interesantes de mejora. Puede favorecer una gestión más homogénea, una mayor eficiencia organizativa y una mejor utilización de los recursos disponibles. Ahora toca trabajar y tener paciencia para comprobar si esas expectativas se cumplen. «Estamos realizando esta entrevista en pleno traslado; la transformación ya está ocurriendo». En su discurso de toma de posesión apeló a la necesidad de que jueces y magistrados sean conscientes de sus propios prejuicios para evitar que condicionen sus decisiones. ¿Cómo se construye esa imparcialidad que la sociedad exige a quienes tienen la responsabilidad de juzgar? Cuando hablamos de independencia judicial, a veces, olvidamos que es un instrumento para garantizar la imparcialidad. Es imprescindible que exista un ecosistema institucional que permita al juez tomar decisiones adecuadamente motivadas sin temor a consecuencia alguna más allá de la valoración jurídica de esas decisiones. A partir de ahí, hay una obligación personal. Los jueces tenemos que intentar dar la mejor respuesta de la que seamos capaces, y eso exige hacer un esfuerzo constante por identificar nuestros propios sesgos. Pueden influir en la toma de decisiones y, por tanto, debemos ser conscientes de ellos. La gran defensa frente al sesgo es la motivación. Muchas veces se piensa que un juez sale de un juicio con la decisión ya tomada, pero hay procedimientos llenos de matices. No basta con escuchar lo que dice un testigo; hay que preguntarse si ese recuerdo es fiable, si el relato es consistente, si existen elementos que lo corroboran. Por eso considero tan importantes disciplinas como la filosofía del derecho, la argumentación jurídica o la psicología del testimonio. Una de las fortalezas del juez debe ser precisamente la humildad: ser consciente de sus limitaciones, mantener la disposición a seguir aprendiendo y aceptar que otros pueden ayudarte a ver aspectos que tú no habías percibido. «La gran defensa frente al sesgo es la motivación». Vivimos una época en la que las resoluciones judiciales son objeto de un intenso escrutinio público y mediático. ¿Dónde cree que se encuentra el equilibrio entre la crítica legítima a las decisiones judiciales y la preservación de la independencia judicial? Es una cuestión compleja, especialmente en una sociedad cada vez más polarizada. La crítica a las resoluciones judiciales es perfectamente legítima y forma parte del debate democrático. El problema aparece cuando se instala la sospecha de que los jueces resolvemos en función de nuestras preferencias personales o de nuestra ideología. Nuestra legitimidad no proviene únicamente de las funciones que la Constitución nos atribuye. También la ganamos a través del ejercicio diario de nuestra labor. Somos independientes para garantizar nuestra imparcialidad y esa imparcialidad debe reflejarse en la calidad de nuestro trabajo. La calidad de la motivación es fundamental. Es lo que permite que un ciudadano pueda entender por qué se ha tomado una determinada decisión, aunque no la comparta. La motivación aleja de la arbitrariedad y es también una exigencia de transparencia intelectual. Tenemos que explicar por qué decidimos lo que decidimos. Pero también debemos ser conscientes de nuestras propias limitaciones. El juez responsable no es quien cree tener siempre razón, sino quien se esfuerza por fundamentar sus decisiones, someterlas a contraste y mantener una actitud de aprendizaje permanente.
COMUNICAV 10 LA PERSONA JOSÉ MANUEL ORTEGA José Manuel huye de los grandes relatos sobre la vocación. No soñó desde niño con ser juez ni construye su identidad alrededor del cargo. De hecho, hay una frase que resume bien su forma de entender la profesión: «No me gusta demasiado decir que soy juez. Trabajo de juez». Durante la conversación aparecen una y otra vez dos palabras: responsabilidad y humildad. Considera que ejercer la jurisdicción exige tomarse muy en serio las decisiones que afectan a la vida de otras personas, pero también mantener los pies en el suelo. Por eso reivindica el humor como una herramienta imprescindible. Reírse de uno mismo -dice- ayuda a no perder la perspectiva y a evitar que el puesto se suba a la cabeza. Cada mañana comparte un café con sus compañeros antes de comenzar la jornada. Un momento para conversar, intercambiar impresiones y empezar el día con buen ambiente. Cuando termina el trabajo, cambia la toga por la bicicleta. Se mueve por Valencia sobre dos ruedas y disfruta de los placeres más sencillos: leer, ir al cine, escuchar música, pasear por la playa o caminar por la montaña. Son esos momentos, junto a su familia y sus amigos, los que le permiten desconectar y recordar qué es lo verdaderamente importante. «Reírse de uno mismo ayuda a no perder la perspectiva y a evitar que el puesto se suba a la cabeza».
COMUNICAV 11 ENTREVISTA CON EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO Y DIRECTOR TERRITORIAL ESTE DE BANCO SABADELL, FERNANDO CANÓS Banco Sabadell mantiene una estrecha relación con el colectivo de la abogacía. ¿Qué representa este vínculo? Para nosotros es un orgullo acompañar a los profesionales del derecho. Se trata de un colectivo con necesidades muy concretas y clave para el desarrollo económico y social, y desde Banco Sabadell queremos estar a la altura de sus necesidades con soluciones específicas, cercanas y eficaces. Trabajamos junto al colegio, para anticiparnos y aportar soluciones que les ayuden a crecer con seguridad y confianza. ¿Qué aporta Sabadell Professional a los colegiados? Sabadell Professional es una propuesta de valor diseñada para profesionales independientes como los abogados. Ofrecemos un servicio especializado que combina asesoramiento personalizado, productos financieros adaptados a su actividad y una atención ágil. Entendemos su día a día: la gestión de despachos, la planificación financiera o la necesidad de optimizar su liquidez. Queremos ser un socio estratégico que les permita centrarse en lo importante: su ejercicio profesional y sus clientes. UNA BANCA ESPECIALIZADA Y CERCANA AL SERVICIO DE LA ABOGACÍA Sabadell Professional se consolida como una solución diferencial para los colegiados gracias a su enfoque especializado y cercano. Más allá de productos financieros, ofrece acompañamiento experto, condiciones preferentes y herramientas digitales diseñadas para optimizar la gestión del despacho. El convenio con el Colegio de Abogados de Valencia refuerza este compromiso, facilitando acceso a soluciones adaptadas a cada etapa profesional. Una propuesta que pone al abogado en el centro, simplificando su operativa y aportando valor real en su día a día. El convenio con el Colegio de Abogados de Valencia es un pilar importante. ¿Qué ventajas concretas incluye? Este acuerdo permite a los colegiados acceder a condiciones preferentes en financiación, cuentas profesionales, seguros o soluciones de cobro. Además, ponemos a su disposición herramientas digitales avanzadas que facilitan la operativa diaria. Nuestro objetivo es construir relaciones duraderas, aportando valor, asesoramiento experto y una oferta competitiva que marque la diferencia. Para beneficiarse, únicamente deben identificarse como colegiados ante nuestros gestores u oficinas, quienes se encargarán de su vinculación al convenio. También sus empleados y familiares de primer grado. ¿Qué diferencia a Banco Sabadell en este ámbito Nuestra especialización y la cercanía. No ofrecemos soluciones genéricas, sino propuestas adaptadas al sector legal, basadas en la experiencia y el conocimiento profundo del colectivo. Y además, creemos en una banca de proximidad, con gestores que entienden realmente a sus clientes. PUBLIRREPORTAJE
TRIBUNA COMUNICAV 12 El proceso de regularización extraordinaria de extranjeros tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular con varios promotores, el respaldo de más de 900 ONGs y asociaciones de derechos humanos, además de un apoyo ciudadano que contó con más de 700.000 firmas que pedían al Congreso debatir la propuesta. El Pleno del Congreso de los Diputados, aprobó la toma en consideración de la ILP con una abrumadora mayoría, que incluyó el voto a favor de casi todos los partidos políticos, excepto Vox. El primer borrador oficial de la reforma se publicó el 18-02-2026, pero el texto definitivo -marcado por el crítico Dictamen del Consejo de Estado-, se aprobó por el Consejo de Ministros el 14-04-2026 en el RD 316/2026, que modifica el RD 1155/2024 y su Reglamento de Ejecución de la LOEx, introduciendo el procedimiento la regularización extraordinaria, que entró en vigor el 16-04-2026, frente al 1 de abril anunciado, y que finalizará el 30-06-2026, con 16 días menos para el administrado. En líneas generales optarán a una autorización de residencia y trabajo inicial de un año, para trabajar en cualquier actividad tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, todos los extranjeros que se encontraran en España en situación irregular o como solicitantes de protección internacional antes del 1 de enero de 2026, y que cumplan el resto de requisitos contemplados en la norma. El conjunto de los operadores jurídicos sin excepción, coinciden en que tanto el RD 1155/2024, como el RD 316/2026, adolecen de una deficiente técnica legislativa, con una redacción confusa, contradictoria y con lagunas, que provoca una aplicación caótica y poco eficiente, teniendo que delegar su interpretación en las temidas instrucciones ministeriales posteriores, o peor aún, en el criterio subjetivo de cada Administración. Lo cierto es que el texto definitivo ha variado respecto del inicial, en aspectos tales como la acreditación de ausencia de antecedentes penales en los países de residencia de los 5 años anteriores, ya que en el borrador bastaba con una declaración responsable, y REGULARIZACIÓN Y ABOGACÍA ahora se exige en todo caso certificado de antecedentes penales en vigor, o la acreditación de su solicitud al país de origen, en un proceso que desconocemos cómo terminará, ocasionando un claro perjuicio para los que confiando en el borrador inicial, no solicitaron el certificado de antecedentes a su país de origen, y que ahora se enfrentan a una larga espera, incompatible con los plazos de la regularización. Por su parte, la vulnerabilidad, que en el borrador se presumía a todo extranjero irregular, se acreditará mediante certificado, lo que ha ocasionado el colapso de los servicios sociales municipales, ya saturados y sin capacidad para estas solicitudes, al igual que las entidades sociales autorizadas, lo que ha dado lugar a las lamentables imágenes que hemos visto en los medios de comunicación, poco propias de una España moderna. Cierto es, que esta problemática se ha ido diluyendo por la intervención de nuevas entidades, y porque los interesados ya han obtenido el certificado, pero ha habido colapso administrativo y choques institucionales entre el Gobierno central y las administraciones locales y autonómicas, con acusaciones a ayuntamientos de bloquear o ralentizar la emisión de los informes por motivos políticos, y denuncias municipales por el traspaso de obligaciones sin financiación ni personal adicional, con una politización de la situación poco deseable. Es de alabar la autorización provisional de residencia y trabajo esperada a los 15 días de efectuar la solicitud, si bien no hay rigor alguno, encontrando solicitudes de abril sin número de expediente asignado, y otras de mayo que ya tienen la autorización, sin que el texto aclare el valor del silencio administrativo en estos casos, además de duplicidades y errores varios. Las bondades sobre las que descansa la necesaria regularización, quiebran por la redacción apresurada y la falta de blindaje técnico, que obliga al conjunto de intervinientes a valoraciones, que salvo aplicación flexible, darán lugar a errores de interpretación, que restan eficacia y propician inseguridad jurídica.
COMUNICAV 13 Esta deficiente técnica legislativa y la amplitud del margen interpretativo, sin la mirada vigilante de un abogado, multiplica las decisiones arbitrarias, por lo que su intervención en este proceso se hace más necesaria que nunca. La labor incuestionable del abogado en el ámbito de la extranjería, ha sido imprescindible en el avance de derechos de las personas migrantes en todos los ámbitos. La abogacía española, y la valenciana como referente nacional, cuenta con profesionales entregados, con una preparación y sensibilización jurídica admirables, con vocación de ayuda y salvaguarda de derechos, frente a los constantes abusos y arbitrariedades de la Administración, proporcionando un escudo legal, que garantiza que el solicitante sea tratado como un sujeto de derechos, gracias a una profesionalidad fuera de toda duda. Sin embargo y lamentablemente, la abogacía ha sufrido fuertes críticas incluso por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien desde el lanzamiento de la campaña informativa de la regularización, ha insistido en su publicidad institucional en que el proceso es «sencillo, directo y accesible», desaconsejando implícitamente o calificando de «innecesaria» la contratación de intermediarios o abogados, lo que se ha visto en folletos, guías digitales y videos explicativos difundidos por los canales oficiales del Gobierno. En lugar de valorar el asesoramiento legal profesional, la publicidad institucional ha redirigido en masa a los ciudadanos hacia los Servicios Sociales y entidades del Tercer Sector acreditadas, con un mensaje publicitario implícito que ha sido: «No pagues a un abogado; acude a una ONG o a tu ayuntamiento, que ellos te tramitarán el informe de vulnerabilidad y la solicitud gratis». En este contexto, se hace necesario recordar, que los abogados no rellenamos impresos, hacemos una valoración integral, asesoramos, velamos y acompañamos al cliente en todo su proceso hasta el final con garantía en derechos, siendo una realidad que la información facilitada en muchos de los «puntos recomendables», ha sido deficitaria y errónea. Esto provocó la respuesta institucional del Consejo General de la Abogacía Española y de muchos Colegios de Abogados. ANGELINA FERRÁNDIZ ROLDÁN PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE EXTRANJERÍA Y DERECHOS HUMANOS DEL ICAV También algunos medios de comunicación, en críticas a la abogacía a las que trágicamente estamos acostumbrados, pero que no nos resignamos a admitir, han afirmado que los abogados somos « despachos oportunistas» que se lucran con la regularización, cobrando minutas excesivas a personas muy vulnerables abusando de su precaria situación. Obviando que naturalmente los abogados cobran por su trabajo, como todo profesional en cualquier sector, y qué es caro o barato, y qué cada ciudadano es libre para decidir cómo quiere gestionar su proceso, es lamentable que se cuestione la labor de los abogados. Sería deseable que la Administración se alegrara de tener profesionales formados que defienden los derechos de los más vulnerables, cuando esta defensa es más necesaria que nunca, pero en contra diríase, que la Administración busca migrantes sumisos, que desconozcan sus derechos, y que no protesten ante la actuación administrativa, que en muchos casos es abusiva y arbitraria, lo que provoca el verdadero maltrato a la población migrante a la que protegemos, y en ello seguiremos, de eso no cabe duda, y nuestra labor y éxitos que son los suyos, como podría decirse en el fin de una novela, será lo que hable de nosotros.
COMUNICAV 14 LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE18 DE FEBRERO DE 2026 Y SU INCIDENCIA EN EL RÉGIMEN DE LA EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO TRIBUNA La segunda oportunidad ha sido una de las instituciones concursales que mayor desarrollo ha experimentado en los últimos años. La reforma introducida por la Ley 16/2022 pretendió adaptar nuestro ordenamiento a la Directiva (UE) 2019/1023 y configurar un sistema más ágil y definido para las personas físicas insolventes. Sin embargo, la nueva regulación ha generado dudas interpretativas, especialmente en relación con la exoneración del crédito público y los requisitos de acceso al beneficio. EL TRIBUNAL SUPREMO REDEFINE LOS LÍMITES DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo el 18 de febrero de 2026 constituyen el primer pronunciamiento sistemático sobre estas cuestiones y están llamadas a tener una influencia decisiva en la práctica de los juzgados mercantiles. Las sentencias núm. 259/2026, 260/2026, 261/2026, 262/2026, 263/2026 y 264/2026 abordan dos aspectos esenciales del régimen de exoneración del pasivo insatisfecho: el tratamiento del crédito público y el control de la buena fe del deudor. EXONERACIÓN DEL CRÉDITO PÚBLICO Uno de los debates más intensos surgidos tras la reforma de 2022 se refería a la compatibilidad de las limitaciones a la exoneración impuestas al crédito público en la transposición española de la normativa europea. El artículo 489.1.5º del Texto Refundido de la Ley Concursal establece que las deudas de Derecho público quedan excluidas de la exoneración, si bien admite una exoneración parcial respecto de determinadas deudas tributarias y de Seguridad Social. Numerosos operadores jurídicos cuestionaron si esta solución era compatible con el principio de plena exoneración que inspira la Directiva europea. La controversia se trasladó rápidamente a los tribunales, que pese a la Sentencia del TJUE (7 de noviembre 2024), viene dando lugar a resoluciones contradictorias. La sentencia 260/2026 afronta directamente esta cuestión. El Tribunal Supremo, apoyándose en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recuerda que los Estados miembros conservan un margen de apreciación para excluir determinadas categorías de créditos siempre que la exclusión esté debidamente justificada. Desde esta perspectiva, la Sala considera compatible con el Derecho de la Unión la decisión del legislador español de establecer límites a la exoneración del crédito público. No obstante, introduce un importante matiz al admitir, con base en el principio de proporcionalidad, que determinados créditos públicos subordinados puedan quedar afectados por la exoneración. Con ello se amplía el alcance efectivo del mecanismo de segunda oportunidad y se flexibiliza una interpretación que había resultado especialmente restrictiva. La importancia de esta doctrina radica en que el crédito público constituye con frecuencia una parte sustancial del pasivo de empresarios y autónomos. La delimitación de qué deudas pueden quedar afectadas por la exoneración condiciona directamente la viabilidad de la recuperación económica del deudor y la exoneración del crédito público subordinado supondrá seguro una mayor eficacia del mecanismo.
COMUNICAV 15 EL DEUDOR DE BUENA FE. PRUEBA DEL DEUDOR La segunda cuestión analizada por el Tribunal Supremo se refiere al concepto de buena fe y al papel que corresponde desempeñar al juez en su verificación. La sentencia 262/2026 recuerda que la condición de deudor de buena fe constituye un requisito esencial para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho. La principal novedad reside en la forma de comprobar dicho requisito. La Sala declara que el órgano judicial tiene la obligación de verificar de oficio la concurrencia de los presupuestos exigidos por la ley, incluso cuando ningún acreedor haya formulado oposición. La ausencia de impugnación no exonera al juez de realizar un control efectivo sobre el cumplimiento de los requisitos legales. Esta interpretación refuerza las facultades de control judicial. El Tribunal considera que corresponde al deudor proporcionar información suficiente sobre su patrimonio, el origen de sus deudas y las circunstancias que condujeron a la insolvencia (STS núm. 263/2026). El detalle en la relación de deudas y acreedores adquiere una relevancia decisiva. Será necesario especificar todas las deudas existentes, analizar la situación económica del deudor al contraerlas y justificar su origen y destino. Solo así podrá acreditarse que el endeudamiento no fue irresponsable y que concurre la condición de deudor de buena fe. DEUDOR DE BUENA FE VS DERIVACIONES DE RESPONSABILIDAD AEAT Y TGSS Particular interés presenta la doctrina relativa a los acuerdos de derivación de responsabilidad tributaria o de Seguridad Social. El artículo 487.1.2º TRLC impide acceder a la exoneración cuando, en los diez años anteriores a la solicitud, se hubiera dictado un acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que la deuda hubiera sido íntegramente satisfecha. La interpretación literal de este precepto conducía a una exclusión prácticamente automática. Sin embargo, el Tribunal Supremo adopta una lectura más matizada. Considera que no toda derivación de responsabilidad revela necesariamente una conducta incompatible con la buena fe exigida por el sistema de segunda oportunidad. Por ello, sostiene que debe atenderse a las circunstancias concretas que motivaron la derivación y valorar si realmente concurren elementos de fraude, ocultación o comportamiento gravemente reprochable. El TS entiende que para que la derivación de responsabilidad de la AEAT o la TGSS impida la concesión de la EPI es necesario que exista empleo de medios fraudulentos, engaño, negligencia grave o abuso del sistema. Ese componente fraudulento es el que justifica su equiparación a determinados delitos contra el patrimonio, la Hacienda Pública o la Seguridad Social. EL SUPREMO ESTÁ CONFIGURANDO JURISPRUDENCIALMENTE EL MODELO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD Las resoluciones de 18 de febrero de 2026 representan un paso decisivo en la construcción jurisprudencial del régimen de segunda oportunidad. Clarifican el alcance de la exoneración respecto del crédito público, refuerzan el control judicial sobre los requisitos de acceso al beneficio e introducen criterios interpretativos en relación con determinadas causas de exclusión. Su impacto práctico es evidente. Tanto abogados como administradores concursales deberán tener en cuenta estos criterios al preparar las solicitudes e informes sobre la exoneración, prestando especial atención a la relación de acreedores, al origen del endeudamiento y a la posible existencia de derivaciones de responsabilidad de la AEAT o la TGSS. Del mismo modo, los órganos judiciales disponen ahora de pautas más precisas para resolver algunas de las cuestiones que mayor litigiosidad habían generado desde la entrada en vigor de la reforma de 2022, sin perjuicio de que algunos tribunales sigan apartándose de esta doctrina por entender que resulta contraria al Derecho europeo. CARMEN MARÍA ZARZO MARTÍNEZ DIPUTADA 6º ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
COMUNICAV 16 ICAV MAGISTRATURA Y ABOGACÍA ANALIZAN EN EL ICAV EL IMPACTO PRÁCTICO DE LOS MASC JOSÉ SORIANO DEFIENDE QUE CUALQUIER TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEBE IR ACOMPAÑADA DE INVERSIÓN Y PLANIFICACIÓN DURANTE LAS XXXVII JORNADAS DE LA FE PÚBLICA JUDICIAL EL ICAV RECIBE A ESTUDIANTES DE DERECHO EN VISITAS ACADÉMICAS NACIONALES E INTERNACIONALES El Colegio de Abogados de Valencia ha recibido en distintas jornadas la visita de alumnado de Derecho procedente tanto de la Universidad Europea de Valencia como del programa internacional ELSA Valencia-UV, asociación de estudiantes de Derecho y grupo local de ELSA en la Facultat de Dret de la Universitat de València. Profesionales de la magistratura y de la abogacía participaron en una jornada de formación dedicada a analizar el impacto práctico de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en la actividad diaria de los tribunales. La iniciativa, organizada por el Colegio de Abogados de Valencia en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Conselleria de Justicia, permitió abordar desde una perspectiva práctica los efectos que estos mecanismos están teniendo en el funcionamiento de la Administración de Justicia. La inauguración contó con la participación de la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez; la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Esther Rojo y el decano del ICAV, José Soriano. Se trata de una iniciativa que ha consolidado en Valencia uno de los escasos espacios de formación conjunta entre judicatura y abogacía existentes en España. El objetivo es favorecer el intercambio de experiencias y el análisis compartido de las reformas que afectan al funcionamiento de la Justicia desde la perspectiva de los distintos operadores jurídicos. Durante la apertura del encuentro, el decano del ICAV, José Soriano, defendió que cualquier transformación de la Administración de Justicia debe ir acompañada de una adecuada planificación y de recursos suficientes para garantizar su eficacia. Asimismo, mostró su preocupación por las dificultades derivadas de la implantación de los Tribunales de Instancia y de la nueva Oficina Judicial. En este sentido, denunció las trabas e impedimentos para los profesionales de la abogacía en el ejercicio diario de su profesión y donde la atención a los profesionales «se resiente» cuando las reformas no cuentan con los recursos necesarios, y reivindicó la importancia de escuchar a quienes trabajan diariamente en la Administración de Justicia. El decano también alertó sobre las consecuencias que determinadas medidas pueden tener para la tutela judicial efectiva. Las XXXVII Jornadas de la Fe Pública Judicial reunieron en Valencia a letrados y letradas de la Administración de Justicia de toda España para debatir sobre los principales retos que afronta el sistema judicial.
COMUNICAV 17 LA ABOGACÍA PRESENTA EN VALENCIA EL LIBRO BLANCO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE MARCA SU USO EN EL EJERCICIO JURÍDICO La presentación del Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía reunió en el ICAV a representantes institucionales, académicos y profesionales del Derecho en un encuentro centrado en el impacto de la IA en el ejercicio jurídico y en la necesidad de establecer criterios claros para su uso responsable en el sector. El documento, impulsado por el Consejo General de la Abogacía Española con la colaboración del ICAV y su Sección de Derecho Digital y Legaltech, y la Universitat de València, se configura como una guía de referencia para orientar la transformación digital de la profesión. Durante el acto se destacó que la inteligencia artificial ya está integrada en el trabajo diario de los despachos, especialmente en tareas de apoyo como la búsqueda de información, la redacción asistida o el análisis documental, lo que exige reforzar la formación y la supervisión humana para garantizar un uso ético y seguro. Los intervinientes subrayaron que el Libro Blanco no solo identifica herramientas y oportunidades, sino también riesgos jurídicos, deontológicos y tecnológicos asociados a su utilización. Asimismo, se analizó la necesidad de establecer un marco común que permita a los profesionales incorporar estas tecnologías sin comprometer la calidad del servicio ni la seguridad jurídica. El encuentro incluyó mesas de debate dedicadas a los derechos digitales, la protección de datos y los retos éticos derivados del uso de la inteligencia artificial en la abogacía. También se presentó un programa formativo en competencias digitales orientado a facilitar la adaptación del colectivo a este nuevo entorno. La apertura institucional contó con la participación de la consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez; el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González y el responsable del Área de Nuevas Tecnologías de la Junta de Gobierno del ICAV, Salvador Silvestre. La elección de Valencia como sede de esta presentación refuerza el papel de la abogacía valenciana como uno de los focos de referencia en el debate jurídico sobre inteligencia artificial
COMUNICAV 22_23 COMUNICAV 18 ICAV HOMENAJE POR 50 Y 60 AÑOS DE SERVICIO EN LA ABOGACÍA El Colegio de Abogados de Valencia rindió homenaje a los colegiados y colegiadas que han alcanzado 50 y 60 años de ejercicio profesional, en un emotivo acto celebrado en su sede institucional. La ceremonia reunió a decenas de juristas cuya trayectoria representa una vida dedicada al Derecho, al servicio público y a la defensa de los derechos de la ciudadanía. CASA CARIDAD DISTINGUE AL ICAV POR DOS DÉCADAS DE COLABORACIÓN SOLIDARIA Casa Caridad distinguió al Colegio de Abogados de Valencia en el marco del I Encuentro Empresas con Valor, una iniciativa que reúne a entidades comprometidas con la acción social en la ciudad de Valencia. El reconocimiento pone en valor la colaboración continuada del ICAV con la entidad benéfica durante más de dos décadas que consolida una relación estable de apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad. CERCA DE UN CENTENAR DE ABOGADOS Y ABOGADAS RECIBEN UN HOMENAJE POR SUS 25 AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL Cerca de un centenar de letrados y letradas del Colegio de Abogados de Valencia fueron homenajeados por cumplir 25 años de colegiación y ejercicio profesional. El acto, celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia, reconoció la trayectoria, dedicación y compromiso de quienes iniciaron su carrera profesional a finales de los años noventa y han desarrollado durante un cuarto de siglo una labor esencial al servicio de la Justicia y de la ciudadanía. La ceremonia comenzó con la bienvenida institucional del decano del ICAV, José Soriano, mientras que la secretaria de la Junta de Gobierno, Raquel Marco, dio lectura al acuerdo por el que se formalizaba el reconocimiento a los homenajeados. Posteriormente, se hizo entrega de las insignias colegiales y de los diplomas conmemorativos a los profesionales distinguidos. El acto contó además con la participación de personas vinculadas a la Escuela de Práctica Jurídica del ICAV, donde muchos de los homenajeados completaron su formación. El decano del ICAV, José Soriano, inauguró el acto con unas palabras de reconocimiento hacia los homenajeados en las que destacó el valor de su compromiso, su vocación y la aportación realizada a lo largo de décadas al conjunto de la abogacía valenciana. Subrayó también que su experiencia constituye un ejemplo para las nuevas generaciones de letrados y letradas. El acto estuvo marcado por un ambiente de emoción y gratitud, en el que se recordó la evolución de la profesión durante los últimos 50 y 60 años, así como los cambios sociales, jurídicos y tecnológicos vividos por la abogacía.
COMUNICAV 19 PUBLIRREPORTAJE La crisis del Estado de Derecho en la Unión Europea ¿Cómo desaparece una democracia? ¿Cae desde fuera, erosionada por ataques de potencias extranjeras y actores híbridos no estatales? ¿O se desmorona más bien desde dentro, debilitada por la degradación silenciosa pero constante de las instituciones, la normalización de la corrupción pública y privada, el cuestionamiento del poder judicial y los ataques al pluralismo informativo? Durante la segunda mitad del siglo XX, quizá asumimos con excesiva rapidez (posiblemente incluso con ingenuidad) que una vez consolidada, la democracia era irreversible; que cualquier Estado de Derecho solo podía avanzar hacia mayores cotas de libertad, garantías jurídicas y fortalecimiento institucional. Sin embargo, el siglo XXI está demostrando lo contrario: la democracia no es una conquista definitiva. Puede retroceder e incluso desaparecer si se debilitan los contrapesos que la sostienen: una prensa libre, una judicatura independiente, unas fuerzas de seguridad eficaces y profesionalizadas, un tejido empresarial robusto y una ciudadanía vigilante y comprometida, entre otros. Estas cuestiones constituyen el núcleo de la investigación del equipo sobre Crisis del Estado de Derecho y amenazas híbridas dirigido por Susana Sanz, catedrática de la Universidad CEU Cardenal Herrera, bajo el proyecto «La crisis de valores y de identidad de la UE: resiliencia democrática frente a amenazas híbridas». En el marco del mismo, investigadores de 7 Estados analizan el papel que desempeñan el auge del populismo y el liderazgo iliberal en la crisis global del Estado de Derecho, cómo influyen los nacionalismos excluyentes, la polarización social y la apatía ciudadana en el deterioro democrático y qué impacto tienen sobre el Estado de Derecho amenazas híbridas como los ciberataques, el tráfico de personas, la instrumentalización del Derecho, la coacción económica, la desinformación, el crimen organizado o las operaciones psicológicas encubiertas sobre la estabilidad de las democracias contemporáneas. Financiado por el programa Jean Monnet de la UE (2017-2020), la FUSP (2020-2022), la GVA (2022-2025), el MiCINN (2022-2026) y, nuevamente, la GVA mediante el proyecto AICO/2024/191(2025-2028), el proyecto integra a 21 investigadores sénior de prestigiosos centros de investigación de España, Italia, Bélgica, Portugal, Croacia, Hungría y Polonia, así como cinco doctorandos. Entre las principales iniciativas del proyecto destacan el blog Rule Of Law Crisis in the EU y una base de datos interactiva dedicada al análisis del impacto mediático de las noticias relacionadas con la crisis democrática. Entre sus actividades destacan la organización de un congreso internacional, dos conferencias internacionales y numerosos seminarios de investigación y workshops. Los investigadores del equipo documentan y analizan en sus publicaciones las causas del deterioro del Estado de Derecho tanto en el ámbito de la UE como en varios Estados miembros, así como los riesgos del efecto «contagio» de esta peligrosa deriva. Más allá del «diagnóstico» y el «pronóstico», las obras proponen una «terapia» en forma de respuestas políticas y jurídicas orientadas a reforzar la resiliencia democrática y evitar que la erosión de los valores fundacionales de la Unión desemboque en una deriva autocrática más aguda que la actual. Y es que, en caso de empeorar, la situación sería difícilmente reversible.
COMUNICAV 22_23 COMUNICAV 20 ICAV MÁS DE UN CENTENAR DE JÓVENES ABOGADOS PARTICIPAN EN UNA JORNADA SOBRE SALIDAS PROFESIONALES Más de un centenar de estudiantes de Derecho y jóvenes abogados y abogadas participaron en la jornada «Inicios en la Abogacía: primeros pasos, habilidades y salidas profesionales», organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Valencia (AJA Valencia) y la Confederación Española de la Abogacía Joven. RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DE ENTIDADES SOCIALES EN LA ENTREGA DE LOS PREMIOS SOLIDARIDAD DEL ICAV APOYO DEL ICAV A LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO CIVIL VALENCIANO Representantes del ámbito jurídico, económico y social se reunieron en el Colegio de Abogados de Valencia para expresar su respaldo a la recuperación del Derecho Civil Valenciano y reclamar la designación urgente de los tres diputados que debían defender en el Congreso la propuesta de reforma constitucional que permitiría su restitución. El encuentro puso de relieve la importancia de avanzar en un proceso considerado clave para el autogobierno y la capacidad normativa de la Comunitat Valenciana en materia civil. Los Premios Solidaridad del ICAV forman parte del compromiso sostenido del Colegio de Abogados de Valencia con la acción social a través del impulso de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas. Durante el acto de entrega, el decano del ICAV, José Soriano, puso en valor la evolución de esta iniciativa con la implicación de la colegiación en el proceso de selección: «Queríamos que fueran los propios colegiados quienes participaran en la decisión, que sintieran estos premios como algo propio». Los proyectos han sido seleccionados atendiendo a su impacto social, su capacidad para cubrir necesidades reales, su carácter innovador y su contribución al bienestar, el acceso a oportunidades y el empoderamiento de las personas. En esta edición han sido reconocidas 16 entidades cuyos proyectos abarcan ámbitos como la salud mental, la infancia, la inclusión social o la atención a personas en situación de vulnerabilidad. Durante el acto, los intervinientes: la diputada 1ª de la Junta de gobierno del ICAV, Sofía Andrés y representantes de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), subrayaron que la recuperación del Derecho Civil Valenciano supondría un avance significativo en ámbitos como el derecho de familia, las sucesiones y la protección de derechos individuales, además de reforzar la identidad jurídica propia del territorio. Asimismo, se insistió en la necesidad de desbloquear una situación que continúa pendiente desde la aprobación de la iniciativa en Les Corts.
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